Hay algo profundamente revelador en un número: $43.129 millones. Esa es la suma que los municipios chilenos destinaron durante 2024 y 2025 a celebraciones diversas, desde el Día Internacional de la Mujer hasta el Día del Payador, pasando por el Día de la Sonrisa y el Día de "los que pasamos agosto". El dato no proviene de una denuncia en redes sociales ni de una filtración periodística, sino del Consolidado de Información Circularizada N°22, publicado este 6 de abril por la Contraloría General de la República. Cuando el órgano fiscalizador del Estado sistematiza el gasto festivo de 345 municipalidades y lo compara con la inversión en asistencia social a personas naturales, el diagnóstico implícito es tan elocuente como la cifra misma: algo no está funcionando bien en la administración pública local.
El análisis contralor excluye deliberadamente las celebraciones de mayor consenso social —Fiestas Patrias, Navidad, aniversarios comunales— y aun así el monto es considerable. Lo que permanece son gastos que, en varios casos, superan ampliamente lo que esos mismos municipios destinan a apoyar a sus vecinos más vulnerables. Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica, por ejemplo, presentaron en ambos años una diferencia superior a los 90 millones de pesos entre lo que gastaron en celebrar y lo que invirtieron en asistencia social directa. No es un dato menor para comunas donde la precariedad habitacional, la migración y la pobreza multidimensional son realidades cotidianas. El problema no es solo ético: es de gestión. Los recursos municipales tienen un marco normativo claro, establecido en la Ley N°18.695, que obliga a que el gasto se oriente al beneficio de la comunidad local y al interés general. Gastar más en el Día de la Cueca que en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad no es una opción neutra; es una decisión de asignación presupuestaria con consecuencias reales sobre quienes menos tienen.
Para entender por qué ocurre esto con tanta sistematicidad, vale la pena mirar más allá del balance contable. La sociología política ha documentado extensamente cómo las instituciones locales tienden a privilegiar la visibilidad sobre el impacto. La fiesta es política en el sentido más literal: genera adhesión, construye pertenencia y produce capital simbólico para las autoridades de turno. El evento público es tangible, fotografiable, compartible. La asistencia social, en cambio, opera bajo una lógica radicalmente distinta: su eficacia depende precisamente de la discreción. Entregar un subsidio o un apoyo material frente a las cámaras no solo no agrega valor institucional; atenta directamente contra la dignidad de quien lo recibe y genera comparaciones odiosas entre quienes fueron beneficiados y quienes no. La política social bien ejecutada es, por definición, invisible para la vitrina pública, lo que la convierte en una inversión políticamente poco rentable para quienes piensan en el ciclo electoral antes que en el bienestar comunitario.
La antropología aporta otra clave explicativa. Estudios clásicos sobre el don y la reciprocidad han mostrado cómo ciertas comunidades fortalecen lazos sociales mediante el gasto colectivo y visible. Esa lógica, trasladada al gobierno local, produce municipios que se legitiman a través del banquete más que del servicio. El riesgo es evidente: cuando el costo del gesto lo asume la ciudadanía —incluida aquella que no asistirá a la celebración ni recibirá beneficio alguno de ella— el don se convierte en distorsión presupuestaria. Que Río Verde gaste 981 mil pesos per cápita en celebraciones, en una comuna de 102 habitantes, no es folclor administrativo; es una alerta sobre cómo se toman decisiones cuando no existen controles efectivos ni ciudadanía organizada que las cuestione.
Desde el trabajo social, la lectura es más urgente aún. Las necesidades que cubre la asistencia social directa —personas en situación de calle, adultos mayores sin protección, familias en crisis aguda— no admiten postergación. Son demandas sin lobby, sin capacidad de presión mediática, sin representación en el ciclo electoral. Su invisibilidad política es precisamente lo que las hace tan vulnerables a ser desplazadas por prioridades más rentables en términos de imagen institucional. Cuando una municipalidad elige entre financiar una actividad de animación para el Día de las Infancias o reforzar el equipo de asistentes sociales que atiende casos de vulneración de derechos, no está tomando una decisión técnica: está revelando una jerarquía de valores que el informe de Contraloría ha puesto, finalmente, en blanco y negro.
Este sesgo hacia lo visible no es una anomalía psicológica individual ni el capricho de un alcalde particular. Es un incentivo estructural que el diseño institucional chileno no ha logrado corregir. Mientras la evaluación del desempeño municipal descanse en indicadores de actividad —cuántos eventos se realizaron, cuántas personas asistieron— y no en indicadores de resultado —cuántas familias superaron una situación de vulnerabilidad, cuántos adultos mayores accedieron a cuidados oportunos—, el problema persistirá independientemente de quién ocupe el sillón edilicio.
Lo que el informe de Contraloría deja en evidencia, entonces, no es solo una irregularidad contable aislada. Es un patrón de comportamiento institucional que revela cómo se construye y sostiene el poder local en Chile: a través de la proximidad festiva, del evento como sustituto de la política social. La fiscalización y el examen de cuentas anunciados son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de una reforma más profunda en los mecanismos de rendición de cuentas municipal y en los criterios con que se evalúa la gestión de los alcaldes. Mientras el éxito de una administración local se mida por la cantidad de actividades realizadas y no por el bienestar efectivo de su población, seguiremos pagando, entre todos, el Día de la Sonrisa de algunos.
