Ajustar las patentes mineras a las distintas etapas de desarrollo de los proyectos, reducir trabas administrativas y entregar mayor certeza para planificar inversiones son algunos de los objetivos de la reforma que modifica el Código de Minería, que pasó a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Luego de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, desde BBSC, consultora especializada en servicios contables y tributarios, recomiendan a los titulares de concesiones revisar desde ya sus pertenencias, ordenar la documentación y proyectar sus costos bajo el sistema vigente y el propuesto. “Este proyecto entrega reglas más simples y estables, lo que permite planificar. Sin embargo, mientras no sea ley, las obligaciones siguen siendo las mismas”, advierte Claudia Valdés Muñoz, gerente general de la firma.
Según la especialista en tributación, el proyecto devuelve previsibilidad. Además, una escala que llegaba a 12 UTM por hectárea era, en la práctica, inabordable para quien no podía acreditar trabajo. “Llevó a muchos pequeños mineros a perder sus pertenencias por remate. Con un valor fijo, el costo de mantener una concesión se vuelve proyectable, y eso facilita decidir si invertir en ella, transferirla o abandonarla. Esperamos también menos remates y menos litigios asociados”, señala.
Otro punto relevante del proyecto es que el beneficio no es exclusivo de la pequeña minería. “Cualquier titular con concesiones antiguas improductivas, incluidas grandes empresas, dejaría de enfrentar el costo creciente. Los propios legisladores manifestaron su preocupación por la eventual eliminación de una herramienta que busca evitar la especulación y el congelamiento de concesiones”, comenta Claudia Valdés.
De todos modos, el acceso a la rebaja seguirá dependiendo de acreditar actividad, por lo que la calidad de la documentación será decisiva. Igualmente, Valdés hace hincapié en que la exploración se encarece, algo que conviene considerar en los proyectos en etapa temprana.
“Lo ideal, ahora, es clasificar cada pertenencia según su antigüedad y su capacidad de acreditar trabajo, ordenar la documentación (RCA, permisos, formularios e información geológica) y proyectar el flujo de caja con ambos regímenes. Como las nuevas reglas entrarían en vigencia un año después de la publicación de la ley, habrá que confirmar qué régimen regirá el próximo pago, ya que el texto final puede variar tras el tercer trámite”, concluye la especialista.