Lebu necesita que el Estado mire con mayor atención, pero también con mayor comprensión, la realidad que hoy enfrenta su pesca artesanal.
No estamos hablando de una flota que opere al margen de la ley. Nuestras embarcaciones cuentan con sus permisos y nuestros tripulantes también. Lo que existe es una realidad económica y social que muchas veces parece no ser considerada: ante la falta de recursos y oportunidades dentro de nuestra propia región, numerosos pescadores se ven obligados a desplazarse para poder trabajar.
No lo hacemos por ambición ni por querer pasar por encima de la normativa. Lo hacemos por necesidad.
Detrás de cada embarcación hay una familia. Hay hijos que educar, cuentas que pagar y un hogar que mantener. Cada jornada de pesca representa el esfuerzo de trabajadores que buscan una oportunidad para ganarse dignamente la vida.
Lebu no es simplemente un puerto. Es un territorio pesquero fundamental para Chile y uno de los principales polos de la pesca artesanal del país. Nuestra comuna, además, recibe a pescadores provenientes de distintas regiones, convirtiéndose en un punto donde convergen trabajadores y familias que dependen directamente de esta actividad.
Por eso, creemos que el Estado debe hacerse algunas preguntas: ¿Cuántos empleos genera la pesca artesanal en Lebu? ¿Cuántas familias dependen directamente de ella? ¿Cuántos trabajadores se benefician indirectamente de esta actividad? ¿Cuánto movimiento económico genera en el comercio, el transporte, las plantas procesadoras y otros servicios?
Nuestra flota trabaja con recursos destinados al consumo humano, entregando productos selectivos y de calidad. Detrás de cada captura existe una extensa cadena productiva que involucra a pescadores, tripulantes, comerciantes, transportistas, plantas, proveedores y familias completas.
Por supuesto que no estamos en contra de la fiscalización. La entendemos, la respetamos y reconocemos que las normas deben cumplirse.
Lo que pedimos es algo distinto: una fiscalización justa, proporcional y acompañada de una política pública que sea capaz de comprender la realidad social y económica de los territorios pesqueros.
Porque aplicar una norma sin mirar el contexto también puede tener consecuencias.
Cuando a un pueblo se le cierran las puertas para trabajar, la incertidumbre aumenta. Cuando las familias ven cada vez más reducidas sus posibilidades de generar ingresos, la desesperación comienza a instalarse.
Y Lebu está llegando a un punto crítico.
Esto no puede ser ignorado. Estamos hablando de cientos de familias que no están pidiendo privilegios ni condiciones especiales. Están pidiendo una oportunidad para trabajar, educar a sus hijos y llevar el sustento a sus hogares.
La solución no puede ser simplemente fiscalizar y sancionar. También debe existir la voluntad de escuchar, dialogar y construir alternativas que permitan que la pesca artesanal siga siendo una fuente de trabajo y desarrollo para Lebu.
Ya es tiempo de que el Estado tome cartas en el asunto.
Lebu no pide privilegios.
Lebu pide una solución.