La superintendenta (s) de la Suseso, Patricia Soto, confirmó ante la Comisión Especial Investigadora que se solicitó información a la PDI para fiscalizar licencias médicas en el sector privado, abarcando a 2,8 millones de trabajadores dependientes. El objetivo es detectar casos de fraude mediante cruces de datos sobre viajes u otras actividades durante periodos de reposo.
“Lo que va a corresponder es la devolución del pago de subsidio por incapacidad laboral de esa licencia médica”, explicó Soto, añadiendo que también se investigará a los médicos que emitieron licencias sin fundamento. Las instituciones de salud serán responsables de iniciar las acciones correspondientes.
En redes sociales, la medida generó fuertes críticas. Usuarios reclamaron “el Chile de las dos justicias”, apuntando a la rapidez con que se persigue a trabajadores versus la lentitud frente a políticos. Otros cuestionaron el enfoque estatal: “La plata privada es eso, privada”, opinó un internauta, mientras otro exigió: “Que se levante el secreto bancario a toda la clase política”.