Las amenazas registradas al interior de las cárceles chilenas aumentaron un 133% durante 2025, mientras que las agresiones alcanzaron su nivel más alto de los últimos once años. En contraste, los homicidios disminuyeron a su menor cifra del mismo período.
Así lo establece el informe “Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015-2025”, elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (OCRIT UNAB), a partir de información oficial de Gendarmería.
El estudio, desarrollado por Pablo Urquízar y Vicente Abrigo, analizó la evolución de seis fenómenos delictuales dentro de los establecimientos penitenciarios: homicidios, agresiones, amenazas, extorsiones, incautaciones de droga y sobornos.
Los resultados muestran que las amenazas pasaron de 235 registros en 2024 a 548 en 2025. Durante el mismo período, las agresiones aumentaron de 5.821 a 6.365 casos, un alza de 9,3%.
Por el contrario, los homicidios disminuyeron de 48 a 27 casos, una reducción de 43,8% y el registro más bajo de la serie estudiada.
Sin embargo, los investigadores advierten que esta disminución de la violencia letal no significa necesariamente que exista un mayor control estatal al interior de las cárceles.
El aumento de las amenazas se extiende a casi todo el país
Uno de los principales hallazgos es que las amenazas aumentaron en 15 de las 16 regiones durante 2025.
Entre las mayores variaciones destacan Coquimbo, donde los registros pasaron de 5 a 34 casos; Maule, de 11 a 42; Valparaíso, de 10 a 38; y Biobío, de 15 a 39.
La única región que presentó una disminución fue Magallanes, que pasó de siete a tres amenazas registradas.
El informe advierte que esta expansión puede estar asociada a nuevas formas de intimidación y control dentro de los recintos penitenciarios, aunque también reconoce que los cambios en los procedimientos de denuncia y registro podrían influir en las cifras.
Agresiones corporales y sexuales llegan a sus máximos
El estudio también identifica un aumento de distintas formas de violencia contra las personas privadas de libertad.
Las agresiones corporales sin armas llegaron a 2.430 casos en 2025, un incremento de 30% respecto del año anterior. En tanto, las agresiones sexuales alcanzaron 61 registros, un 22% más que en 2024.
Las agresiones con objetos cortopunzantes también crecieron, llegando a 3.385 casos durante el último año estudiado.
A nivel territorial, el informe destaca que algunos establecimientos regionales presentan altos niveles de violencia. Durante 2025, los complejos penitenciarios de Puerto Montt y Biobío registraron más internos lesionados en las modalidades analizadas que cualquier recinto de la Región Metropolitana.
El desafío de recuperar el control de las cárceles
En el período 2015-2025 también se contabilizaron 37.017 incautaciones de droga, 429 extorsiones y 316 sobornos registrados dentro de las cárceles del país.
Aunque las incautaciones de droga disminuyeron durante 2025, el volumen registrado sigue siendo considerablemente superior al observado al comienzo de la serie. Además, en esos once años se incautaron 127.497 teléfonos celulares.
Para Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, estos antecedentes obligan a abordar la seguridad penitenciaria como una política de largo plazo.
“El análisis sobre el control territorial en las cárceles chilenas evidencia que nos encontramos en un punto de inflexión, que hace indispensable abordar la problemática penitenciaria como una política de Estado, con recursos, sentido de urgencia y una visión de corto, mediano y largo plazo”, advierte.
El especialista agrega que “hace tiempo que la cárcel dejó de representar el fin de la carrera delictual y, si no se adoptan los resguardos necesarios, corre el riesgo de convertirse en un verdadero semillero del crimen organizado”.
El informe plantea la necesidad de fortalecer la inteligencia penitenciaria, los controles internos para prevenir la corrupción, la detección de objetos prohibidos y las medidas de protección frente a la violencia.
Sus autores concluyen que la disminución de los homicidios, por sí sola, no permite asegurar que el problema esté retrocediendo. La expansión de amenazas y agresiones evidencia que recuperar el control territorial de las cárceles continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad pública en Chile.